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Así expolia el PP de Madrid el parque de viviendas públicas
Una serie de documentos a los que ha tenido acceso este diario desvelan una sucesión de irregularidades en el proceso de venta de 18 bloques de viviendas de protección social.

El proceso de enajenación y venta del parque público de viviendas que está llevando a cabo la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid (EMVS) se ha vendido a la opinión pública por parte de los responsables políticos del Partido Popular como un proceso obligado, sin alternativas, para paliar el insostenible déficit de la empresa pública.
La deuda de la EMVS llegó de la mano del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que financió parte de sus ambiciosos proyectos en el Ayuntamiento vendiendo suelo a la empresa pública muy por encima de su valor actual. Al borde de la quiebra técnica, la actual Corporación se ha decido por la enajenación de los activos de la empresa y de todos los madrileños.
La primera operación de salvamento económico ha sido la venta de 18 bloques de viviendas con 1.860 pisos de protección social, ocupados por menores de 35 años con un alquiler reducido, por 120 millones de euros al fondo de inversión oportunista Blackstone, según informó El Confidencial, ya que el Ayuntamiento se niega a hacer públicos los datos de la operación, a pesar de tratarse de bienes públicos. Antes, la EMVS trató de vender, sin éxito, cinco bloques de viviendas sociales a una empresa vinculada al marido de Cospedal por 21 millones de euros.
Fondos de inversión califican su experiencia en Madrid como “Incompetencia y malas artes nunca vistas en Europa”
Ahora, una serie de documentos a los que ha tenido acceso este diario desvelan una sucesión de irregularidades en el proceso de venta que han dejado a parte de los inversores internacionales que optaban a hacerse con las viviendas con la sensación de haber sido “engañados” y de haber observado “incompetencia y malas artes de un nivel que nunca han visto en Europa”.
Estas palabras corresponden a Michael R. Long, partner de los fondos de inversión especializados en vivienda social Harbor Group, que aspiraban a hacerse con los 18 bloques de viviendas junto a Álvarez & Marsall por 130 millones de euros, 10 millones de euros más que la supuesta oferta aceptada de Blackstone.
El cabreo que manifiesta Michael Long con la EMVS y el Ayuntamiento de Madrid se hace comprensible cuando se repasa la correspondencia y reuniones mantenidas por Harbor Group y Álvarez & Marsall y la EMVS y la Corporación municipal.
Intercambio de correos
El 3 de junio Fermín Oslé, consejero delegado de la EMVS, comunicó telefónicamente la adjudicación de la venta a Harbor Group y Álvarez & Marsall (HGAM ) por 120 millones de euros. La otra oferta que había recibido la EMVS hasta ese momento, según fuentes del mercado, era de Blackstone, actual adjudicataria, por 70 millones de euros.
Sin embargo, el día 5, apenas dos días después de la comunicación, Oslé les comunicó por correo electrónico que se había producido un error administrativo y que el proceso no se había cerrado, invitando a presentar nuevamente ofertas hasta el día 14 de junio a las 14:00 horas.
Los fondos Harbour Group y Álvarez & Marsall (HGAM) mantuvieron su oferta de 120 millones durante los ocho días siguientes y decidieron aumentarla hasta 130 millones en el último momento, con la sospecha de que su anterior oferta pudiera haber sido filtrada a la competencia.
El día 21 de junio, Fermín Oslé comunicó a HGAM que “su oferta no ha sido seleccionada (…) por existir otra propuesta más ventajosa para los intereses” de la EMVS.
Ante el estupor por la extrañeza del proceso, los fondos norteamericanos decidieron solicitar información de las características de la oferta ganadora: “importe y fecha de presentación”. El 24 de junio Oslé respondió: “El importe y las demás condiciones de la oferta deben tratarse dentro de los más estrictos parámetros de confidencialidad y discreción” y la decisión ha sido tomada bajo “parámetros puramente objetivos”.
Fuentes del fondo de inversión perjudicado consideran que las irregularidades se deben a intereses económicos de Esperanza Aguirre
Esta negativa a comunicar a los participantes en un proceso de concurrencia pública las características de la oferta seleccionada se está valorando a la operación financiera como “insólito”, ya que vulnera “la esencia del procedimiento”, por lo que los fondos de inversión están valorando presentar un escrito de diligencias previas que obligue a la EMVS a facilitar los datos que hoy niegan.
A pesar de que el Ayuntamiento se negó a dar esta información, El Confidencial publicó que la oferta ganadora ha sido la de Blackstone por un importe de 120 millones de euros cuando en un primer momento este fondo de inversión oportunista había ofertado 70 millones. Tras esta información, las sospechas de los perdedores en la adjudicación de que su oferta había sido filtrada a la competencia se hizo más fuerte.
Dado que la EMVS se niega a confirmar o desmentir los datos publicados, los pretendientes tienen el temor de que se esté tratando de rehacer la oferta presentada por Blackstone de manera que mejore la oferta de 130 millones de HGAM para evitar incurrir en administración desleal. La imagen de Marca España que la EMVS y las administraciones madrileñas han dejado la resume Michael Long: “Incompetencia y malas artes nunca vistas en Europa”.
“El objetivo de la EMVS no ha sido el obtener el mayor ingreso posible por la venta de activos ni el garantizar los derechos de los inquilinos actuales y de los madrileños en general, ya que se ha rechazado la mejor oferta. El procedimiento opaco y que en nada beneficia a los ciudadanos madrileños ha estado viciado por intereses ajenos al interés público”, denuncia a Público fuentes cercanas a la operación, que apuntan que estos intereses responden a la “cultura del pelotazo” que ha llevado a España a la crisis y los relaciona directamente con los intereses económicos de Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid.

2.- Denuncian vínculos de Aznar Jr. con los fondos buitre que compraron pisos sociales en Madrid
El hijo del expresidente del Gobierno y de la alcaldesa Botella es consejero de Gesnova Gestión Inmobiliaria Integral, que mantiene “importantes vínculos” con empresas del fondo Blackstone, que participaron en la operación de compra de 1.890 viviendas públicas del Ayuntamiento.
MADRID.- La Asociación de Afectados por la venta de viviendas de la EMVS y la Asociación de Lucha Contra la Corrupción Corruptil han presentado ante la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional una laboriosa investigación en la que ponen en conocimiento de la unidad policial que la empresa de la que es consejero José María Aznar Botella, el hijo del expresidente y Ana Botella, y de la que fue presidente Juan Hoyos Martínez de Irujo, el íntimo amigo de infancia del expresidente, “está directamente relacionada” con el fondo buitre Blackstone y las sociedades instrumentales que compraron las 1.890 viviendas públicas que vendió Ana Botella como alcaldesa de Madrid a través de la EMVS por 128,5 millones de euros en noviembre de 2013.
Pero la investigación no se queda ahí. El mismo escrito presentado por las asociaciones ciudadanas asegura que los miembros del Consejo de Administración de las sociedades instrumentales del fondo Blackstone crearon un entramado de sociedades “que durante años fueron adjudicatarias de promociones de vivienda joven del Instituto de Vivienda Pública de la Comunidad de Madrid, siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre”.
De esta manera, en caso de poder certificar la denuncia presentada por las asociaciones, existiría un más que complejo entramado empresarial que estaría siendo beneficiado tanto de la construcción de vivienda pública, como de su gestión y de su enajenación en la Comunidad de Madrid, que está gobernada por el Partido Popular desde 1995.
José María Aznar Botella, junto a su padre, el expresidente del Gobierno. EFE
José María Aznar Botella, junto a su padre, el expresidente del Gobierno. EFE
Los inquilinos de las viviendas públicas vendidas al fondo buitre han sufrido una subida en el precio del alquiler del 40%
“Gesnova Gestión Inmobiliaria Integral Empresas, la empresa de la que es consejero el hijo de Aznar, ha mantenido vínculos con las sociedades vinculadas a los miembros del Consejo de Administración de Blackstone”, denuncian en conversación telefónica con este medio desde la Asociación de Lucha Contra la Corrupción Corruptil.
Cabe destacar que la investigación realizada por estas dos asociaciones ciudadanas también podría salpicar a Esperanza Aguirre. Según apunta el escrito -aunque admiten que no está en condiciones de afirmarlo- la inmobiliaria Aguirre & Newman Madrid S.A., propiedad de Santiago Aguirre Gil de Biedma, hermano de Esperanza Aguirre, podría estar relacionada y mantener vínculos con la empresa a la que el Ayuntamiento de Madrid pagó 2,2 millones de euros para “asesoramiento e intermediación inmobiliaria” durante la venta de las 1.890 viviendas.
Esta relación se establecería a través Patricia Sáinz Sanz, gerente única de esta empresa intermediaria, que sería socia, según diversas informaciones, del hermano de Esperanza Aguirre. No obstante, fuentes de la investigación aseguran que este extremo no ha podido ser confirmado, por lo que ruegan a la Udyco que investigue este punto. Consultado a Aguirre Newman, esta compañía niega este extremo.

Mentiras a los inquilinos

Cuando los fondos buitre compraron las viviendas públicas del Ayuntamiento, la alcaldesa Ana Botella no dudó en señalar que se garantizaría “los contratos y condiciones de los inquilinos actuales”. “Lo único que cambiará en su recibo de alquiler es el emisor, en vez de la EMVS será el nuevo propietario de los inmuebles”, aseguraba Botella.
La palabra de Botella, sin embargo, no tuvo ninguna validez. Los inquilinos han denunciado reiteradamente que los precios del alquiler se han incrementado un 41% y que están desahuciando a los vecinos que tienen problemas para pagar su recibido debido a la falta de ingresos en el domicilio.
Asimismo, otra diferencia importante entre los contratos que ofrecía el Ayuntamiento y el que ofrece ahora el fondo de inversión es que los primeros tenían una duración de dos años que se prorrogaba obligatoriamente, siempre y cuando persistieron las condiciones que hicieron al inquilino merecedor de la vivienda pública. Por contra, el contrato del fondo de inversión tiene una duración de un año que se renovará año a año con un máximo de “tres anualidades”.

La corrupción legal
La corrupción legal no se ha visto afectada por la crisis. No ha sufrido recortes, ni ha soportado políticas de austeridad. Al contrario.
Estamos en elecciones y todos hablan mucho de corrupción. Los candidatos se convierten en barrenderos dispuestos a limpiar España y sus instituciones de chorizos y mangantes gracias a milagrosos superpoderes. En esta campaña seguro que hemos batido el récord de propuestas de pactos contra la corrupción por mitin establecido durante la campaña anterior. No digo que esté mal. Al contrario, está muy bien. Pero robar siempre ha sido delito y tenemos Código Penal desde 1822. No era ni es tan complejo combatirla. No hay que inventar la pólvora. Solo se necesita voluntad política, poner recursos y medios para descubrirla y no amparar a corruptos propios ni ajenos.
Se escucha menos hablar de la otra corrupción, la legal, aquella que se ejecuta con la ley en la mano y sin riesgo de mandar a alguien a la cárcel. La corrupción legal que permitió que a través de los ERE en Andalucía se financiase con dinero público la renovación de las plantillas de empresas y negocios privados. La corrupción legal que ha supuesto la única y verdadera razón que explica los procesos de privatización y externalización de rentables y eficientes servicios públicos para financiar al partido, colocar a la clientela o colocarse a sí mismo. La corrupción legal que ha convertido el sobrecoste de las obras públicas en una costumbre tan típica como la siesta o el aperitivo.
La corrupción legal no se ha visto afectada por la crisis. No ha sufrido recortes, ni ha soportado políticas de austeridad. Al contrario. Ha florecido y se ha expandido aprovechando nuevas oportunidades y nichos de negocio. La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, esas fuentes de inspiración inagotable para la corrupción más imaginativa, acaban de proporcionarnos otro nuevo ejemplo.
Según informa eldiario.es, unos hábiles comisionistas acaban de levantarse dos millones de euros por intermediar en la venta de 1.860 viviendas sociales a un fondo buitre de inversión filial de Blackstone, uno de los piratas de lo público que más y mejores negocios ha hecho asaltando el apetitoso botín de las viviendas sociales municipales.
Solo el hecho de que aparezcan en la misma frase “pago de comisiones” y “viviendas protegidas” ya debería resultar un escándalo insoportable. Los bienes públicos no pueden generar comisiones privadas y, si lo hacen, algo falla. Pero eso es solo el principio. No se vayan todavía, aún hay más.
La secuencia de este caso de corrupción legal es la siguiente. Sobre suelo protegido se construyen viviendas sociales con cuantiosas ayudas públicas. Luego, con la coartada de la crisis y la necesidad de obtener recursos para financiar “las políticas sociales”, la Comunidad de Madrid cambia la ley que restringe la capacidad del propietario para venderlas y la Administración se compromete a desalojar a aquellos inquilinos que no puedan pagar. A continuación se venden a precio de saldo a una empresa extraña y fiscalmente opaca a un precio que, por ejemplo en este caso, ha supuesto una pérdida superior a los treinta millones de euros para el erario público.
El resultado final se resume en que allí donde había viviendas sociales habitadas por ciudadanos que carecían de otra opción ahora se alzan apetitosos pisos privados para vender a buen precio, corren las sabrosas comisiones para los amiguetes y crece una lista interminable de inquilinos desahuciados, otra vez, con el dinero de nuestros impuestos. Todo legal, todo corrupto, todo discreto para que no se entere casi nadie y se hable poco o nada; todo insoportable.
19/05/2015 – 21:19h
Antón Losada

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